La alerta roja contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se gestiona “conforme los procedimientos legales en cada país”, y el hecho que no aparezca en la web pública de la Interpol es conforme a cómo el Estado panameño estipuló su petición judicial, explicó un alto jefe policial.
El subdirector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá, comisionado Manuel Bonome, explicó a Efe que los procedimientos de la Policía Internacional (Interpol) marchan “por el conducto regular”, sobre lo que no influye si se colocan en la página pública de la institución.
La alerta roja contra Martinelli, investigado por un delito de interceptación de comunicaciones privadas, fue solicitada por la Corte Suprema de Panamá y expedida por la Interpol el pasado 21 de abril, aunque fue informada recién el pasado 22 de mayo por el jefe de la DIJ, comisionado Marcos Córdoba.
Bonome, abogado especializado en criminología con 25 años de actividad policial, corroboró que la Interpol tiene en su pagina web a ocho personas buscadas por Panamá, de los cuales dos son panameños, dos colombianos, igual número de costarricenses, un dominicano y un estadounidense. Efe
La Interpol, a la que agentes de la DIJ representan en Panamá, detuvo recientemente en el occidente del país a un estadounidense solicitado por su país por un delito sexual y se desarrolla el proceso para su extradición, señaló Bonome, para aclarar que en EE.UU. también funciona esa institución, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y se acoge a las leyes estatales y federales.
Por otro lado, el jefe policial panameño dijo que actualmente “aunque la DIJ no cuenta con una gran cantidad de agentes, sí ha probado que es muy eficiente con los recursos de los que dispone”, y citó, por ejemplo, que “un reciente caso de un asesinato lo resolvimos en la ciudad de Colón en tres horas”.
Argumentó que Ciudad de Panamá, después de Santiago de Chile y San José de Costa Rica, está considerada actualmente como una población “de paz”, y atribuyó esa situación a la puesta en marcha de las unidades de Policía Comunitaria que vigila las áreas consideradas de alto riesgo para prevenir el delito.
“Queremos alcanzar los niveles de Ecuador, que ha instaurado antes con mayor amplitud la policía comunitaria, que ha ayudado a bajar hasta 5,6 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios”, expuso el representante de la DIJ, adscrita a la Policía Nacional.
Bonome aseguró que, actualmente en Panamá, “el nivel de los delitos se ha bajado hasta las proporciones que teníamos en 2004 (9,4 por cada 100.000)”.
Confesó que muchas denuncias, por ejemplo del robo de móviles, incrementan las cifras, “pero al final resulta que no son ciertas” y, “con los equipos tecnológicos que tenemos les demostramos que es así”, por lo que esas personas se exponen a una sanción legal.
En 2016 la tasa fue de 10,3 por cada 100.000.
El subdirector de la DIJ aseguró que su país tiene en este momento a tres “más buscados” por los que se ofrece 50.000 dólares de recompensa, por cada uno, todos por homicidio, incluido el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, sindicado por el asesinato de cinco jóvenes hace casi un lustro y quien se fugó de la cárcel este año con apoyo externo, de abogados y policías, que están detenidos.
“Ellos caen”, expresó confiado.
También destacó que Panamá se incautó en 2016 de poco más de 63 toneladas de drogas y se detuvo 797 personas, mientras en 2015 se decomisaron 58,1 toneladas de estas sustancias ilícitas.
“En lo que va de este año ya llevamos más de la mitad de la cantidad de droga que se capturó en 2016”, acotó, tras citar el desmantelamiento de una célula del Cartel de Úsuga, de Colombia, “cuyo líder fue apresado en Panamá”, añadió, aunque se abstuvo de identificarlo “porque no me gusta hacer famosos a los delincuentes”.
“Son 64 personas detenidas, hay venezolanos, colombianos, panameños, nicaragüenses y mexicanos”, detalló.
Entre 2000 y 2016 Panamá se ha incautado de 524,3 toneladas de drogas, que ahora ya no son quemadas al aire libre en el depósito de basura de la capital, sino incineradas en una instalación nueva que opera en la localidad de Aguadulce, centro del país.
