El Gobierno Nacional aplica un sistema de verificación caso por caso del listado de los miembros de las redes de apoyo civil de las FARC que entregarán las armas para evitar que delincuentes comunes accedan a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dijo hoy el vicepresidente, Óscar Naranjo.
“El Gobierno cuida que no haya delincuentes comunes que quieran acceder a los beneficios de la JEP porque en Colombia se ha llamado milicianos a delincuentes comunes y a delincuentes vinculados al narcotráfico”, indicó Naranjo al término de la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa en la ciudad de Santa Marta.
El plazo para la dejación de armas por parte de la guerrilla, pactado en el acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016, concluye el próximo 20 de junio pese a que la fecha original era el 29 de mayo.
Los milicianos o redes de apoyo realizarán un proceso similar de desarme y, aunque todavía no hay un número exacto de integrantes, se estima que pueden ser unos 2.800 en todo el país.
Según el vicepresidente, “está previsto en el cronograma que se fijó que a los 20 días del mes de junio se produzca el ingreso a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) de la totalidad de los milicianos y haya también por parte de ellos un registro y dejación de armas”.
Para ello, el sistema de verificación opera bajo el liderazgo del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El propósito de esta herramienta, explicó Naranjo, “es blindar el proceso y asegurar que los milicianos corresponden a las estructuras de las FARC”.
Colombia recibió hoy con secretismo, silencio y sin grandes algarabías el anuncio hecho por la guerrilla de las FARC de que ya han dado un avance trascendental en su adiós a las armas al entregar el 30 % de ellas a la Misión de la ONU.
Fueron precisamente las Naciones Unidas las que se pronunciaron para confirmar que ya le entregaron 2.300 armas, equivalentes al 30 % del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero que hace su tránsito a la vida civil luego de firmar la paz.
La Jurisdicción Especial de Paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros, informa Efe.
Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.
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