La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la inmunidad de ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa Corte para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento.
“La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del código penal”, afirmó la titular del Ministerio Público desde el máximo tribunal tras iniciar la acción legal.
El divorcio de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, con el Gobierno de Nicolás Maduro, en uno de sus momentos más críticos, ha abierto una herida de dolor en el chavismo, que intenta hacer todo para borrar hasta el recuerdo de una relación que parecía marchaba viento en popa.
Hace poco más de dos años que Ortega Díaz juraba ante Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento, como fiscal general para su segundo periodo entre los aplausos de pie de la Cámara, controlada por el chavismo, y los brazos cruzados de los opositores.
