La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario de Colombia anunció hoy que fortalecerá la coordinación con las autoridades militares y policiales en las zonas afectadas por el conflicto armado donde se inició la extracción de artefactos explosivos.
“La decisión se tomó luego de evaluar los hechos ocurridos el pasado jueves 8 de junio, cuando tres hombres armados ingresaron al campamento de la Organización Civil de Desminado Humanitario (OCDH), Ayuda Popular Noruega (APN), y procedieron a prender fuego a uno de los vehículos de la organización”, explicó la instancia en un comunicado.
El ataque ocurrió el pasado jueves en el caserío Santa Helena del municipio de Mesetas, departamento del Meta (centro), según indicaron en un comunicado la Alta Consejería para el Posconflicto y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona.
Este miércoles, la Instancia, integrada por el Ministerio de Defensa, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Alta Consejería para el Posconflicto, explicó que se definió un protocolo para mejorar los temas de seguridad de las OCDH y las comunidades.
Además, se determinó que la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), que ejerce la secretaría técnica de la instancia, las Organizaciones y el Comando de las Fuerzas Militares, mantendrán “comunicación permanente” sobre el plan de trabajo y el movimiento de los desminadores.
También se solicitó fortalecer la pedagogía con las autoridades y comunidades sobre el desminado humanitario, el riesgo de las minas y la asistencia a las víctimas.
La instancia defendió el desminado como “una actividad netamente humanitaria que tiene como propósito liberar las tierras de toda sospecha de artefactos explosivos”, para que el suelo pueda “ser utilizado libremente por la comunidad para su progreso y desarrollo”.
Colombia es, después de Afganistán, el segundo país del mundo con mayor número de minas antipersona.
El desminado humanitario comenzó cuando el Gobierno y las FARC estaban todavía en conflicto y la mesa de diálogos en La Habana estaba lejos de llegar al acuerdo de paz que las partes firmaron el pasado 24 de noviembre.
Entonces, el Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo para trabajar juntos como parte de la construcción de medidas de confianza y para reducir la intensidad del conflicto armado de más de medio siglo, informa Efe.
Según datos oficiales, entre 1990 y el 30 de septiembre del año pasado las minas antipersona causaron en Colombia 11.460 víctimas directas, entre muertos y heridos, tanto militares como policías y civiles.
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