El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte.
El antejuicio de mérito de la fiscal, solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño y admitido hoy por el Supremo, podría implicar el cese temporal en sus funciones de Ortega Díaz.
En un comunicado, la Sala Plena del TSJ explicó que esta decisión fue tomada de conformidad con el artículo 279 de la Constitución de Venezuela que establece que los “integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional (AN), previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia”.
El TSJ acordó además convocar a una “audiencia pública” y notificar a Ortega Díaz, al diputado oficialista Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano (instancia del Poder Ciudadano) para que comparezcan ante la Sala Plena del máximo tribunal “y expongan lo que consideren pertinente”.
El pasado viernes el parlamentario Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal ante el Supremo y aseguró que Ortega ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”.
También por presuntamente “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución” y “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.
La solicitud pidió, además, medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes, las cuales “se encuentran en estudio”, según señaló el Supremo en su comunicado.
El TSJ indicó posteriormente en Twitter que la Sala Plena “se mantiene en sesión permanente” para discutir esas otras medidas.
El chavismo emprendió esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, del que ella forma parte, y en coordinación con la Cámara, en ese momento en manos de oficialistas.
Las diferencias entre el Gobierno y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una “ruptura del orden constitucional” la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento.
En los últimos dos meses Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron hace 81 días en la nación caribeña.
El antejuicio de mérito contra un fiscal general que, según la legislación venezolana, es la figura que puede hacer esta solicitud ante el TSJ contra algún alto funcionario, es un proceso inédito en el país caribeño.
La ley establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos del Parlamento, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, los actuantes contra la fiscal no han explicado cómo se completaría este proceso si el TSJ calificara de falta grave la actuación de la fiscal, ya que la Cámara, en manos de opositores que ahora respaldan a la titular del Ministerio Público, se encuentra en situación de desacato decretada por el Supremo y sus actos son considerados nulos, informa Efe.
Fuentes próximas a la fiscal aseguraron hoy a Efe tras conocer la decisión del Supremo que no está previsto que Ortega Díaz se pronuncie sobre la admisión de la solicitud de su enjuiciamiento.
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