El crimen organizado en Colombia se concentra cada vez más en lo local como consecuencia del desmantelamiento de las grandes estructuras delincuenciales, determinó un informe del centro de pensamiento independiente Fundación Ideas para la Paz (FIP) divulgado.
El texto del colectivo, denominado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, permite “entender que este fenómeno se concentra en lo local y esto es esencial para poder diseñar políticas públicas acertadas”, indicó la directora de la FIP, María Victoria Llorente.
El análisis de la FIP, creada en 1999 por un grupo de empresarios colombianos, señaló que paralelamente a la fragmentación del crimen organizado y el desmantelamiento de las grandes estructuras, “se ha abierto la puerta al desafío del afianzamiento de grupos de menor envergadura pero con fuerte arraigo local“.
Para el director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, Eduardo Álvarez Vanegas, “este estudio invita a pensar en los rasgos, variaciones y trayectorias que siguen los grupos que se desactivan en términos de lo que ocurrirá con sus disidencias”, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno el año pasado.
Así mismo, se evidenció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que adelanta un acercamiento con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en una mesa de diálogo que se estableció en Ecuador, “en algunas regiones parece estar más cohesionado que en otras”.
Entre los hallazgos del informe se evidencia que los grupos de delincuencia organizada que hoy operan en lo local “no son de poca monta así su radio de acción sea limitado y su capacidad armada no se compare con el Clan del Golfo”, la mayor banda criminal del país, surgida en 2006 tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Sin generalizar, el mensaje es que estos grupos, por pequeños que sean, están afectando y teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían estar viendo beneficiadas por la firma de la paz”, aseveró Álvarez.
A modo de recomendación, la FIP manifestó que “el Estado debe entender que estas organizaciones funcionan como una red que no solo tienen un componente armado sino otros de tipo político y financiero con capacidad de corrupción y lavado de activos”.
De lo anterior se desprende el hecho de que “no sea efectivo centrarse en golpear cabecillas que son reemplazados con facilidad. La delincuencia organizada se ha adaptado a esta situación y ha delegado el control territorial a facciones subcontratadas o a segundones”, puntualizó la entidad.
