En medio de los contratiempos propios de un conflicto armado que desangró a Colombia, el proceso de paz avanza y ahora permitirá la entrada a la política de las FARC, una guerrilla que hasta hace pocos meses era la más numerosa y antigua de Latinoamérica.
Las FARC se convertirán en un partido político que tendrá que cumplir con todos los deberes que señala la ley, pero también el derecho a reclamar del Estado las garantías de las que gozan las demás colectividades.
El anuncio de que después de 53 años de lucha armada buscarán espacios de poder mediante el voto, lo hizo en Bogotá a voz en cuello el jefe guerrillero Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, miembro del Estado Mayor de ese grupo.
“El 1 de septiembre estaremos lanzando públicamente el nuevo movimiento”, dijo Lozada, quien anunció que el nuevo grupo, que todavía no tiene nombre, terminará de perfilar en los próximos meses su modelo político, de medioambiente, juventudes, desarrollo urbano e igualdad.
Eso supone que el grupo que firmó la paz con el Gobierno colombiano en noviembre pasado se presentará al país como una agrupación monolítica que incluirá candidatos para las elecciones de 2018.
Se sabe también que en esa primera cita con la democracia no tendrán candidato presidencial, pero apoyarán al aspirante que más se acerque a su ideario y, sobre todo, que no tenga la tentación de modificar el acuerdo de paz.
El número dos de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, ha dicho que para eso han pactado la paz, “hemos hecho la dejación de las armas para participar en política. Nos dijeron ‘señores, dejen las balas por los votos’. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer”.
Y como para no dejar dudas, agregó que “los procesos de paz son precisamente para eso, para hacer dejación de armas y meternos con todo a la política, y es lo que vamos a hacer, es una determinación que está en marcha”.
Las FARC como partido político tienen asegurada su presencia en el Congreso de Colombia porque en lo pactado quedó establecido que tienen derecho a cinco escaños en el Senado e igual número de asientos en la Cámara de Representantes, muchos más que otros partidos que llevan años de actividad.
En medio de su transición para reincorporarse a la sociedad, las FARC han insistido una y otra vez que el Gobierno además de garantizarles seguridad jurídica debe también cuidar de sus vidas porque no se puede repetir lo que sucedió con la Unión Patriótica (UP), reseña Efe.
Ese partido fue creado en 1985 como resultado de un acuerdo de alto el fuego suscrito por el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC, que fue roto más de un año después al fracasar ese proceso de paz.
Inicialmente, la UP se concibió como un partido de izquierda amplio y legal para participar en las elecciones de 1986, en las que obtuvo cerca de 300.000 votos.
Exguerrilleros de las FARC, militantes del Partido Comunista Colombiano, independientes de izquierda y disidentes de los partidos tradicionales coincidieron en sus filas.
Sin embargo, el partido fue sometido a una campaña de exterminio atribuida a grupos paramilitares de ultraderecha y agentes estatales, que dejó cerca de 3.000 muertos, incluidos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes, concejales y sindicalistas, entre otros.
“Sería triste que en Colombia volvamos a la eliminación de una fuerza política como sucedió con la Unión Patriótica”, ha expresado “Iván Márquez”, quien asegura que en los últimos meses han asesinado “como a seis rebeldes”, al igual que a familiares de guerrilleros desmovilizados.
Como era de esperarse, la mayoría de sus futuros rivales políticos han saludado la llegada de las FARC a la política, pero recuerdan que deben hacerlo en igualdad de condiciones que ellos.
En ese sentido, el recientemente elegido presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda, quien tomó posesión el pasado 20 de julio, Día de la Independencia, señaló en su discurso que prefería a las FARC en el recinto “discutiendo políticas públicas, antes que en el monte escribiendo con balas y bombas sus argumentos”.
A la par con esto, otros sectores también han levantado la voz pidiendo que a las FARC no se les permita utilizar en la campaña política dineros obtenidos ilícitamente, pues generaría una distorsión en el electorado, informa Efe.
Sea como sea, las FARC serán un nuevo jugador en la política colombiana y en pocos meses comenzarán su camino, ya no con la fuerza que les dieron las armas, sino con propuestas y programas que permitan cambiar la forma como se ha gobernado el país y que conquisten al electorado que es quien tiene la última palabra.
