El exjuez boliviano Ariel Rocha López fue extraditado desde Colombia al país andino, donde enfrenta cargos por su presunta vinculación con una red de funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial que extorsionaban a reos y que fue destapada en 2012, informaron fuentes policiales.
Rocha, que era presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la región de Santa Cruz, llegó esta madrugada a la ciudad homónima procedente de Bogotá y fue entregado a la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, dijo a los medios el jefe de Interpol, William Montes.
Sobre el exmagistrado pesaba una orden de difusión roja para su captura y extradición, indicó el jefe policial.
“En Cali detectaron que él estaba intentando salir de Colombia, lo detuvieron y se hicieron los trámites para que Interpol Bolivia vaya a Colombia y lo traslade acá”, añadió.
Rocha comparecerá en las próximas horas ante un juez cautelar, acusado de los supuestos delitos de asociación delictiva, uso indebido de influencias y extorsión, señaló por su parte el subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles.
El exjuez salió de Bolivia en enero de 2013 con un permiso legal de 15 días para tratarse de un problema de salud, pero no retornó al país y desde Colombia negó en su momento su implicación en la red de extorsiones a reos.
El caso comenzó a investigarse en noviembre de 2012, después de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher denunciara que los funcionarios implicados en la red le pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad.
Ostreicher estuvo preso en una cárcel del país andino durante 18 meses entre 2011 y 2012, acusado de un supuesto delito de blanqueo de capitales en relación con el narcotráfico, pero sin que se presentara contra él una acusación en firme.
Posteriormente el empresario pasó a guardar detención domiciliaria debido a complicaciones en su estado de salud derivadas de su encarcelamiento, y en diciembre de 2013 huyó a Estados Unidos, donde ahora reside.
Todo el caso del estadounidense se desarrolló en los tribunales de Justicia de Santa Cruz, informa Efe.
Entre 2015 y 2016, dos exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno implicados en la red recibieron condenas de entre dos y tres años de prisión tras declararse culpables y someterse a procedimientos judiciales abreviados.
