Miles de personas se manifestaron en Barcelona para reclamar que el 1 de octubre se celebre un referéndum independentista y votar por la secesión de España, una aspiración anulada por el Tribunal Constitucional y rechazada por el Gobierno y los principales partidos del país.
Cataluña celebra la Diada, la conmemoración de la derrota militar que el 11 de septiembre de 1714 sufrieron las fuerzas catalanas que apoyaron al archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión al trono de España, frente a las de Felipe V de Anjou, quien finalmente se impuso, y fue el primer Borbón de esta casa reinante en el país.
Las asociaciones convocantes aseguraron que en la movilización se habían inscrito más de medio millón de personas, que culminaron la marcha con gritos de “Votaremos, quieran o no quieran”.
La Guardia Urbana de Barcelona elevó ese dato y cifró en un millón de personas las que participaron en la movilización, mientras que la Delegación del Gobierno español en la región lo rebajó hasta los 350.000 asistentes y la entidad Sociedad Civil Catalana, que rechaza la consulta de octubre y la secesión, calculó que había unas 225.000 personas.
La Diada de este año es plenamente reivindicativa y tiene lugar a veinte días del referéndum ilegal convocado por la coalición de fuerzas independentistas que gobierna Cataluña y rechazado por la Justicia española.
Los participantes formaron una gran cruz humana entre dos avenidas perpendiculares que quería ser la imagen de la suma y simbolizar la unión de los independentistas en favor de la secesión de esa región de 7,5 millones de habitantes respecto a España.
Los secesionistas, que son mayoría en el Parlamento regional pero en las elecciones autonómicas de finales de 2015 no llegaron al 48 por ciento del voto popular, se muestran decididos a mantener la convocatoria, vista como un desafío por el Gobierno español.
La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el respaldo de los socialistas y los liberales, ha sido la de recurrir a la Justicia, que ha anulado el referéndum y ha presentado querellas contra miembros del Gabinete catalán y la presidenta del Parlamento regional por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en relación con la convocatoria del referéndum.
