Las autoridades regionales de Cataluña mantienen el referéndum ilegal de independencia convocado para mañana pese a las advertencias del Estado español, en tanto que cientos de personas permanecen desde anoche en algunos centros votación para evitar que sean cerrados como ha ordenado la Justicia.
La policía catalana (Mossos d’Esquadra) se han personado en 1.300 colegios designados por los responsables del referéndum para la consulta, de los que 163 (12 %) están ocupados, según datos facilitados a Efe por la Delegación del Gobierno español en Cataluña.
Por ahora, los agentes no han llevado a cabo ningún desalojo ni han requisado material relacionado con la votación, como urnas, papeletas o listas de censo, en el interior de colegios, institutos y otros puntos para votar.
El Ejecutivo español, que preside el conservador Mariano Rajoy, volvió a avisar este viernes a los gobernantes secesionistas de Cataluña de que tendrán que responder ante la Justicia por esa consulta, y les atribuyó “deslealtad institucional” y “desobediencia constitucional”.
El portavoz del gabinete, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), contraviene las leyes españolas y carece de garantías democráticas, además de ser un “caos organizativo” sin censo, ni papeletas, ni urnas, ni centros oficiales de votación, según aseguró.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por su parte, llamó a votar el domingo y aseguró que los partidarios del referéndum han “vencido los miedos, las amenazas, las presiones, las mentiras y las intimidaciones” y a un Estado “autoritario”
Los organizadores del referéndum prevén 2.315 colegios electorales atendidos por 7.235 personas para intentar que unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar entre las 9 y las 20 horas del domingo (de 7.00 a 18.00 GMT) en un modelo de urna de plástico presentado ayer a la prensa.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá “alternativas” -que no precisó- allí donde las fuerzas de seguridad impidan votar.
La certificación de los resultados estará a cargo de un grupo de de académicos y profesionales, ya que los integrantes de la Sindicatura Electoral (órgano supervisor de la votación) dimitieron hace unos días para eludir las multas del TC.
Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica) comenzaron a personarse en los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir el material electoral, en cumplimiento de una instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La policía debe comunicar a estas personas que deben dejar los locales antes de las 6.00 horas (4.00 GMT) del 1 de octubre.
El Gobierno catalán convocó el referéndum el 6 de septiembre pasado, justo después que el Parlamento regional aprobara la ley que lo regula con el apoyo mayoritario y único de los grupos independentistas.
Se trata de Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, informa Efe.
El Gobierno español recurrió tanto la ley como el decreto de convocatoria, que fueron suspendidos temporalmente por el TC mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto.
