El Gobierno de España dijo que los líderes catalanes deben abandonar su intento independentista para el jueves, cuando se vence un segundo ultimátum declarado sobre la región antes de imponer medidas extraordinarias que le llevarían ejercer un control directo sobre la comunidad.
En una confrontación observada con creciente ansiedad en las capitales y mercados de Europa, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no ofreció una posición clara ante Madrid sobre si había declarado o no la independencia de la comunidad autonómica.
España vive su peor crisis política desde la década de 1980, luego de que votantes catalanes apoyaron la secesión en un referendo celebrado el 1 de octubre que fue declarado ilegal por la justicia española.
Sobre esa base, Puigdemont hizo una declaración simbólica de independencia el martes pasado, pero inmediatamente la suspendió e hizo un llamado a sostener un diálogo con Madrid sobre el futuro de la región.
Madrid dio al líder catalán hasta el jueves a las 10.00 hora local (0800 GMT) para aclarar su posición sobre la independencia y para cambiar de idea sobre su iniciativa independentista, diciendo que suspendería la autonomía de Cataluña si decidía escindirse.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo el lunes que Puigdemont no había respondido al Gobierno sobre su postura y que debía hacerlo antes del jueves.
“El Gobierno espera que en las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento (…) el señor Puigdemont responda con claridad a todos los ciudadanos”, dijo en rueda de prensa en Madrid.
En una carta enviada al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, publicada el lunes, Puigdemont no respondió directamente las preguntas sobre la declaración de independencia, y en lugar de ello hizo una propuesta para sostener un diálogo “honesto y sincero” con el jefe de Estado en los próximos dos meses, informa Reuters.
En respuesta, Rajoy dijo que las acciones de Puigdemont habían llevado a Madrid más cerca de activar el artículo 155 de la Constitución, bajo la cual podrá establecer un control directo de la comunidad autónoma de Cataluña.
