Con un apoyo total a la constitucionalidad de España, la mayoría de países de América se pronunció para rechazar la declaración unilateral de independencia de Cataluña y mostrar su preocupación por la situación que vive el país ibérico.
Así, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya una “España unida” y, a preguntas de los periodistas en su rueda de prensa, afirmó “no tener conocimiento” de llamadas entre Washington y Madrid.
Con anterioridad, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauertel, había subrayado que “Cataluña es una parte integral de España, y que Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida”.
Asimismo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró en Quebec que “Canadá reconoce una España unida”, mientras que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, aseveró en Twitter que “México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña”.
Por su parte, el Gobierno argentino manifestó que “rechaza y no reconoce” la declaración de independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña, y llamó a “restablecer la legalidad” y “garantizar la unidad” de España.
La Cancillería del país austral declaró que “Argentina hace votos para que a través de los mecanismos constitucionales se restablezca la legalidad en el marco de una convivencia pacífica del pueblo español, garantizando la unidad e integridad territorial de España”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también ratificó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) el apoyo de su país a la integridad territorial de España y a su Gobierno, y dijo que al mundo le conviene una España unida, informa Efe.
En Paraguay, el Gobierno mostró su respaldo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo español ante la declaración unilateral de independencia de Cataluña, mediante un comunicado de su Ministerio de Exteriores en el que deseó que las mismas sirvan para “encontrar el camino apropiado para restaurar el Estado de Derecho y el orden constitucional en Cataluña”.
El Gobierno de Ecuador expresó su “preocupación” por la situación en Cataluña y, sin manifestar su posicionamiento político, el Ministerio de Exteriores apeló al diálogo como fórmula para resolver el problema.
Además, reiteró “su respeto irrestricto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y de la igualdad soberana e integridad territorial de los mismos”.
Mientras, el Gobierno de Perú manifestó su “pleno respaldo” al de España y reiteró su “rechazo a cualquier acto o declaración unilateral de independencia, por ser una acción contraria a la Constitución y las leyes españolas”.
En Bolivia, el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, consideró correctas las decisiones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para restituir la legalidad constitucional en Cataluña. “Es lo correcto a la luz de la Constitución Española de 1978. La unidad de esta nación amiga no debe estar en duda”, afirmó Arce en Twitter.
En Centroamérica, la Cancillería de Panamá declaró que “no reconoce ni reconocerá” ninguna decisión unilateral de Cataluña que viole el orden constitucional y los principios democráticos “que desde hace varios años caracterizan al Gobierno español”, mientras que Costa Rica indicó que tampoco reconoce la declaración catalana y afirmó que apoya el principio de unidad del reino de España.
Asimismo, el Gobierno de Honduras manifestó que “no reconoce la declaración unilateral de independencia emitida por una parte del Parlamento catalán, en apego al derecho internacional”.
Rajoy anunció hoy la destitución de todo el Gobierno regional de Cataluña, la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, como parte de las medidas aprobadas para restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma del nordeste de España, informa Efe.
Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó esas medidas para restablecer la legalidad constitucional después de que fueran autorizadas por mayoría absoluta en el Senado español y de que el Parlamento regional de Cataluña aprobara una declaración unilateral de independencia.
