La Justicia española dispuso el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros de su gabinete, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.
La orden fue dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que impuso además una fianza de 50.000 euros al exconsejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.
Poco después de conocerse la decisión de la magistrada, desde Bruselas, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont criticó la decisión judicial y acusó a los partidos constitucionalistas de desearles la cárcel.
En el auto de prisión, Lamela, apoya su decisión en la existencia de riesgo de fuga, después de la marcha a Bélgica, el pasado lunes, del Puigdemont y cuatro exconsejeros, quienes han manifestado su intención de no regresar a España hasta que no tengan “garantías judiciales”.
Contra todos ellos, la Fiscalía solicitó hoy la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), una decisión que la magistrada todavía no ha resuelto.
Sin mencionar a Puigdemont, Lamela afirma en su auto que “basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido”.
Igualmente destaca que la planificación, organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre fue financiado “con fondos públicos” que fueron “deliberadamente” destinados para este propósito.
Los miembros del Gobierno regional catalán cesado que ingresaron en prisión son, además de Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior).
Su encarcelamiento provocó la rápida reacción desde todos los sectores políticos españoles, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se limitó a reiterar que el Gobierno de España no comenta las decisiones judiciales.
Fuentes del gubernamental Partido Popular aseguraron igualmente que respetan la decisión de la magistrada y recordaron que cualquier ciudadano está obligado a dar explicaciones a la Justicia y acatar las decisiones judiciales.
De forma muy similar se expresó el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo portavoz federal, Óscar Puente, no quiso valorar la decisión judicial. “La política a la política, y los jueces a la justicia”, resumió.
Desde las filas del independentismo las primeras reacciones llegaron de entre los propios detenidos.
Antes de su encarcelamiento, Junqueras hizo un llamamiento a la ciudadanía desde su cuenta de Twitter en el que les animaba a seguir “en pie” y “con determinación hasta la victoria”, mientras que el exconsejero Turull pidió “defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña”.
En la misma red social, la también investigada presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, calificó la medida judicial de “injusta” e “indecente” y recalcó que los encarcelados forman parte de un Gobierno “democráticamente elegido”.
Forcadell se personó hoy en el Tribunal Supremo (TS) español, donde se le investiga junto a otros diputados regionales por permitir la votación de la declaración de independencia de Cataluña, todos acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, informa Efe.
El juez encargado de la causa decidió la suspensión de las comparecencias y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán, quienes alegaron que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales apenas les fueron notificadas este miércoles.
