Un hombre “castigado” con detención domiciliaria por violencia de género y un delincuente arrestado 13 veces en el año son síntomas de que la justicia colombiana no está operando como debiera, lo que deja a la ciudadanía con la sensación de que en el país hay un incremento de la inseguridad.
Estos y otros casos vuelven a poner sobre el tapete la discusión sobre inseguridad ciudadana en un país donde a diario se multiplican las noticias sobre violencia y agresiones callejeras de todo tipo, incluso contra la propia policía, sin que aparentemente haya sanciones para nadie.
Para el experto en temas de seguridad Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, en las grandes ciudades de Colombia se presenta un incremento de percepción de inseguridad.
Ávila dijo a Efe que esa percepción es “objetiva” cuando una persona ha sido víctima de un delito y, “subjetiva”, cuando alguien se entera de que un conocido o familiar ha sido afecto por un delito y “entonces eso aumenta la percepción subjetiva de inseguridad”.
Sea percepción o no, lo cierto es que la inseguridad dejó de ser un mal solo de las grandes ciudades y ahora hasta en los pueblos abundan las denuncias a ciudadanos, especialmente de celulares y de motocicletas, así como a residencias y a comercios, sin contar con los homicidios, un problema tanto o más grave.
Datos de la Policía indican que en lo que va de este año, 90.319 personas han sido víctimas de hurto, y eso que en muchos casos los afectados desisten de comunicar el hecho a las autoridades porque saben que la denuncia se quedará en el papel.
El hurto de celulares es uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía porque, a pesar de varios planes puestos en marcha por el Gobierno para combatir este crimen, es un fenómeno que no para de crecer.
Según datos oficiales, este año han sido registrados en el país 45.903 hurtos de celulares, aproximadamente 152 al día, y en muchos casos con homicidio, como sucedió el pasado 15 de octubre en Bogotá, cuando el biólogo Juan Manuel Campo Kurmen fue asesinado con arma blanca para robarle el teléfono.
La sensación de inseguridad ciudadana es entendible porque no solo la roban en la calle sino también dentro de su propia casa, pues este año van 12.904 casos denunciados de esta modalidad, y en los comercios, con 12.135.
Frente a las cifras, Ávila señala que la percepción de inseguridad por parte de la gente viene asociada a la crisis de la justicia, en donde el ciudadano “ve que el Estado no castiga al delincuente” o le impone penas blandas.
Es el caso de un hombre que en septiembre pasado casi mata a una mujer a golpes en una riña callejera en Bogotá y el juez del caso le dio detención domiciliaria porque consideró que el agresor “no representa un peligro para la sociedad”.
Esa desconfianza hace que la gente tome la justicia por su propia mano y es así como en varias partes del país se han registrado palizas a delincuentes y en otros casos hasta linchamientos.
Así ocurrió el pasado viernes en la localidad bogotana de Suba, donde un grupo de taxistas le quitó la ropa a un supuesto ladrón que fue obligado a correr desnudo por las calles mientras lo grababan.
En general, hay muchas críticas en el país a la actuación de la justicia y del Estado ante el delito porque son pocos los casos, generalmente los más escabrosos y que reciben más atención de los medios de comunicación, en los que hay castigo para los responsables.
Por otro lado, la gente asegura que hay poca Policía, que ésta no actúa con la rapidez que se requiere y que en muchos de los casos en los que logran capturar a un delincuente, éste vuelve a quedar libre bien sea por que se cumplieron los plazos de su detención sin que un juez tomara una decisión o porque consideró que se trataba de un delito menor, lo que aumenta la reincidencia.
Ávila señala que es común que la Policía achaque a los jueces el problema de la inseguridad porque no envían al delincuente a la cárcel, mientras que estos dicen que muchas de las detenciones son ilegales y además que no pueden enviar a los detenidos a prisión porque los delitos son excarcelables.
Por eso, alcaldes de las principales ciudades de Colombia pidieron al Gobierno derogar dos decretos que permitieron la salida de miles de sindicados de las cárceles del país por vencimiento de términos, informa Efe.
El principal argumento de los mandatarios es que se necesitan “condenas efectivas”, especialmente si se tiene en cuenta que muchos delincuentes reinciden en sus conductas, una petición que coincide con la de un amplio sector de la sociedad colombiana cansada de la delincuencia común.
