El secretario general de la Cancillería había firmado la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos a Thomas Greg.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró que la licitación para la fabricación de pasaportes sigue suspendida a pesar de que el secretario general de esa cartera, José Antonio Salazar, firmó la resolución con la que se adjudicó el contrato a Thomas Greg & Sons.
“El 23 de febrero se suspendió y se mantiene suspendido el proceso (…) El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller (suspendido) Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio”, expresó Murillo en una declaración.
Salazar firmó el lunes la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons, la firma que se ha encargado de hacerlos durante 17 años.
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Por esa razón el presidente, Gustavo Petro, acusó de traición a Salazar y lo destituyó del cargo, pues considera que “el contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”.
El Gobierno había suspendido la licitación la semana pasada hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al canciller, Álvaro Leyva.
Explicación de Murillo
El Ministerio Público suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.
Leyva acató la decisión y el presidente Petro nombró como canciller encargado a Murillo, embajador en Washington.
Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
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Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares de hoy).
En ese sentido, Murillo aseguró que la suspensión se hizo para “fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería”.
“El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del canciller. El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro”, añadió el ministro encargado.
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Igualmente, según Murillo, no existe “el certificado de disponibilidad presupuestal” para este contrato otorgado a Thomas Greg & Sons, como lo menciona la resolución con la que se adjudicó el contrato.
“Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal. Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo, siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones”, concluyó.
EFE
