Retorna la preocupación por el futuro de la megaobra que lleva años sin concretarse, aumentando la deuda que tiene el país con los habitantes.
Múltiples obstáculos han estado presentes en el proyecto del Canal del Dique, amenazando en varias oportunidades la materialización de este sueño del Caribe Colombiano. En este nuevo capítulo, la discusión ha surgido alrededor de la solicitud de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de exigir una licencia ambiental para que el megaproyecto se pueda llevar a cabo. ¿Un nuevo freno al proyecto?
Aunque la ANLA aún no ha requerido la licencia ambiental de esta obra, las críticas no se han hecho esperar. El principal señalamiento radica en la contradicción que supone que a un Plan de Manejo Hidrosedimentológico, ya avalado por la Autoridad, desde el año 2017, para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, se le exija licencia. También, en que el ministerio ha ignorado que anteriormente la ANLA ya habría indicado que para la ejecución de la megaobra no se requería adelantar el trámite de licenciamiento ambiental.
En caso de que se exija la licencia, los riesgos para el proyecto son muchos. Entre ellos, que la etapa de preconstrucción se extienda más de dos años, lo que supone un grave riesgo ambiental para los municipios ribereños, que son 19 municipios: ocho del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y uno de Sucre (San Onofre). De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto fue concebido como una respuesta para la región Caribe, con el fin de garantizar que los efectos antrópicos no acaben de colmatar los ecosistemas naturales que han proporcionado a las poblaciones ribereñas, los medios de subsistencia necesarios para su supervivencia y controlar los efectos de las olas invernales, una solución para prevenir efectos de inundaciones.
La disposición que manifestaba el Gobierno Nacional con el proyecto del Canal del Dique, queda en entredicho con la reciente solicitud de la ministra de ambiente, que se convierte en ese nuevo palo en la rueda para el desarrollo de la región Caribe. Estamos hablando de una obra que la región ha esperado desde hace más de 50 años, que cada día se hace más necesaria. No olvidemos que las inundaciones producidas por el Fenómeno de La Niña entre el 2010 y el 2011, produjo pérdidas al país por 11.2 billones de pesos, el equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Uno de los acontecimientos más graves fue la inundación del Sur del Atlántico, de cuyo desastre aún hay secuelas.
Así las cosas, retorna la preocupación por el futuro de la megaobra que lleva años sin poder concretarse, aumentando la deuda que tiene el país con los habitantes de la ecoregión, al tiempo que se agrava la crisis debido a las emergencias que se pueden seguir desencadenando en la zona de influencia. Solicitamos a la ministra de Ambiente atender el llamado que hace el Caribe para que no se siga torpedeando el avance del proyecto de restauración del Canal del Dique.
Por: José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
