La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia y a las autoridades regionales adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger la Amazonía de la deforestación.
La decisión la adoptó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver una acción de tutela interpuesta por 25 niños apoyados por el Centro de Estudios Dejusticia.
En el fallo, la Corte recuerda al Estado que no ha enfrentado eficientemente la “alarmante” deforestación de la Amazonía colombiana, que se incrementó entre 2015 y 2016 en un 44 % al pasar de 56.952 a 70.074 hectáreas arrasadas en un año.
El alto tribunal también dispuso que se debe elaborar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac) para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero e incorporar componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial.
Añadió que también se debe disponer la ejecución efectiva de medidas policivas, judiciales y administrativas por parte de las autoridades ambientales con jurisdicción en el territorio amazónico.
La Corte Suprema estableció que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la deforestación en la Amazonía pese “a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia”.
La providencia explica que las corporaciones autónomas regionales (CAR, autoridad ambiental) no cumplen sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental
“La deforestación ocurre en lugares bajo la tutela de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN); departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo también incumplen las funciones de protección ambiental, y municipios del área amazónica concentran altos niveles de deforestación sin contrarresten esa situación”, dice la Corte.
También determinó el nexo entre la afectación de los derechos fundamentales de los niños que interpusieron la tutela y en general las personas residentes en el país “con el cambio climático generado por la reducción progresiva de la cobertura forestal, causada por la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícitas de los bosques de la región”, informa Efe.
“Por tanto, en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte Constitucional declaró al río Atrato, se reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, ‘sujeto de derechos’, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran”, dice la sentencia.
