Las Farc afirmaron que el inventario de bienes entregado a la ONU con miras a reparar a las víctimas del conflicto en Colombia se hizo “con el máximo rigor posible” y desvirtuaron las críticas de diversos sectores al advertir una “intención política” de entorpecer la implementación de la paz.
En un comunicado, las FARC intentaron frenar la polémica desatada luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, exigiera identificar “cabalmente los activos” de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como haberes.
El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado.
“Las FARC hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado”, dijo el jefe guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”, quien leyó el comunicado en una conferencia de prensa.
“Alape” indicó que el fiscal “falla en la consideración del carácter excepcional y único del inventario”, en el entendimiento y al “realizar una presentación amañada de la información”.
Según las FARC, el inventario entregado a la Misión de la ONU en Colombia suma cerca de 963.241 millones de pesos (unos 326,6 millones de dólares).
El listado incluye 167.500 en gramos de oro, tierras, medios de transporte, ganado vacuno y equino, “inversión social” representada en la construcción de carreteras y dinero en efectivo, entre otros.
“Alape” señaló, en respuesta al pronunciamiento de Martínez, que “existe una intención política” de entorpecer la implementación del acuerdo que ese grupo firmó con el Gobierno.
“No procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada”, agregó el dirigente, quien defendió que hayan incluido la construcción de carreteras al señalar que con su “presencia” en ciertas zonas ejercieron “funciones de Estado”.
Además, “Alape” dijo que no se debe confundir ese inventario con el fondo que se creará como parte de los compromisos del acuerdo de paz para reparar a las víctimas del conflicto armado, y pidió “evitar toda demagogia” con ellas.
“Lo que expresamos es nuestra voluntad de aportar estos recursos para la implementación del proceso de paz, que implica reconocimiento de las víctimas, pero que no se engañe al país con que son las FARC las que deben hacer eso”, puntualizó “Alape”.
Subrayó que si se desea responder a las exigencias de “reparación material” de las víctimas “será preciso un esfuerzo fiscal inmenso” que “debe en efecto realizar la sociedad colombiana”.
“Desde el punto de vista del Estado de derecho, ningún Estado puede renunciar a lo que tiene que ver en sus obligaciones y aquí no puede subsidiar esa obligación de atender a las víctimas a particulares”, remató “Alape”.
Y ante la posibilidad de que los inmuebles sean sometidos a la extinción de dominio (confiscación), “Alape” pidió investigar quiénes se benefician en el país con los inmuebles afectados con esa medida.
“Me parece extraño hoy que quien se caracterizó por la defensa de los baldíos para los grandes propietarios, hoy esté tan interesado en que estos recursos pasen a extinción de dominio y no para las víctimas”, agregó.
En medio de la polémica, el Gobierno emitió ayer un decreto para la creación de una Comisión Intersectorial de Recepción, Verificación y Entrega de los bienes de las FARC, que se encargará de identificar, valorar en el terreno y garantizar que sean entregados, informa Efe.
Además, el Gobierno le pidió a las FARC, grupo que hace su tránsito a la vida en sociedad después de concluir el proceso de desarme, que conformen una delegación para entregar sus activos y bienes.
