La defensa del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, pedido por la Justicia de su país, presentó en EE.UU. más pruebas para enfatizar la “inexistencia” de un tratado de extradición vigente entre ambos países.
Los abogados de Arias agregaron sendas cartas del embajador de EE.UU. en Bogotá, Kevin Whitaker, y del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Eugenio Fernández Carlier, en las que abordan la extradición de un colombiano a Estados Unidos.
La defensa argumenta, que según el texto de las misivas, el mismo tribunal que solicitó la extradición del exministro de Agricultura le respondió al embajador Whitaker que la negativa de conceder la entrega de un exguerrillero “no es asunto suyo”.
“Si hubiera un tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y Colombia, el Supremo no podría hacer esa afirmación“, señalan los abogados de Arias en un documento judicial al que Efe tuvo acceso hoy.
Los abogados señalan que el tribunal donde se ventila el caso no tiene jurisdicción para decidir la entrega del exministro a Colombia, condenado en su país a 17 años de prisión por el escándalo conocido como Agro Ingreso Seguro.
Insisten en que Arias es un perseguido político y que es inocente de los cargos por los que fue condenado, que tienen que ver con maniobras de terratenientes para acceder a unos subsidios para instalar riego en explotaciones agrarias que estaban destinados a pequeños propietarios.
Los abogados también dicen que el Departamento de EE.UU. “sabía” que el tribunal que condenó a Arias estaba “politizado” y que “eso explica” que la Embajada estadounidense ayude a que el exministro llegara a este país en busca de asilo.
El exministro llegó a EE.UU. en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia en su país, y poco después solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.
Arias estuvo en principio detenido, pero el juez John O’Sullivan, quien está a cargo del proceso de extradición, le concedió la libertad bajo fianza en noviembre pasado, reseñó Efe.
El programa “Agro Ingreso Seguro”, que era manejado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agraria (IICA), estaba dirigido a pequeños propietarios, pero grandes terratenientes hicieron trampa, dividiendo sus fincas, para recibir los subsidios.
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