El Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, pidió a la Justicia “investigar y sancionar” los “delitos” cometidos “en el marco del llamado a golpe militar”, poco después de que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le diera acceso a algunas atribuciones de la Fiscalía.
En una rueda de prensa, Saab instó “a todos los operadores de Justicia” a “investigar y sancionar” de acuerdo con la ley “todos los delitos que se han cometido en los últimos meses en el marco del llamado a golpe militar y desestabilización de las instituciones democráticas”, de manera que eviten la “impunidad” de sus responsables.
Entre estas acciones, atribuidas por el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos del oficialismo como el propio Saab a la oposición venezolana, el Defensor del Pueblo mencionó el ataque con granadas al TSJ desde un helicóptero de la Policía científica, perpetrado ayer por un agente policial que todavía no ha sido detenido.
Asimismo, Saab solicitó al Ministerio Público que “realice las acciones y recursos” pertinentes contra los “responsables de los actos de insurrección, conspiración, alteración del orden público” y “llamado a golpe militar”.
Venezuela vive desde hace casi tres meses una ola de manifestaciones opositoras para pedir elecciones presidenciales y contra el proceso Constituyente activado por el Gobierno para elaborar una Nueva Carta Magna.
Muchas de esas manifestaciones han degenerado en choques violentos entre miembros de la Policía militarizada y los manifestantes, que la semana pasada atacaron una base militar del Ejército del Aire en Caracas.
La violencia desatada en estas marchas y en otras de apoyo al Gobierno se ha saldado con la muerte de al menos 77 muertos, según el balance del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció hoy que la sentencia que da nuevas competencias al Defensor del Pueblo forma parte de un “proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público”.
Pese a sus orígenes oficialistas, Ortega Díaz se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes en denunciar los supuestos atropellos a la Constitución y el Estado de Derecho del presidente Maduro y su Gobierno.
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