El Gobierno estadounidense impuso sanciones contra trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia, con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.
Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la exministra y miembro de la comisión para la Constituyente, María Iris Varela; y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
También están el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero Marcano; el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque; y el comandante del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó además al vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa; al Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores; al viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Antonio Fleming; y al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Rocco Albisinni Serrano.
Pese a incluir en su lista a un alto cargo de PDVSA, el Gobierno del presidente Donald Trump no llegó al punto de imponer sanciones más amplias que pudieran afectar a todo el sector petrolero de Venezuela, aunque advirtió que no ha descartado esa opción, reseña Efe.
“Las sanciones sectoriales todavía están bajo consideración, todas las opciones están sobre la mesa del presidente”, dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno estadounidense, que pidió el anonimato.
