El dominio de Internet de país, el .CO, es un activo de Colombia que administra el Ministerio de Tecnologías e Información del país o quien el Ministerio designe. Todas las direcciones de Internet que terminan en .CO, como www.ejemplo.co, www.ejemplo.com.co, etc. hacen parte de esta administración.
Hace 10 años el Ministerio entregó en concesión esta administración a la empresa colombiana .CO Internet S.A.S. por el término de 10 años. 4 años después, aunque no era permitido, el concesionario fue vendido a una empresa de Estados Unidos llamada Neustar. Luego esta empresa se vendió una vez más a un fondo de capital privado de San Francisco.
El contrato de concesión vence el próximo año y el Ministerio se encuentra gestionando el futuro del dominio .CO a través de una licitación pública que ha anunciado públicamente desde principios de año. Sin embargo, el concesionario saliente quiere forzar a que el Ministerio le extienda la concesión y ha demandado al Estado colombiano ante tribunales internacionales y ante el Consejo de Estado.
¿Cuáles son los problemas?
1. La concesión anterior era una empresa 99% colombiana y 1% extranjera. Aunque no era permitido, pues se modificaba de fondo la entidad gestora de la concesión, se vendió la participación nacional a la empresa de Estados Unidos. Es evidente que desnaturalizar un activo como este a manos de empresas extranjeras afecta su condición nacional y las oportunidades y obligaciones derivadas de la administración del mismo.
2. Inicialmente, el concesionario del dominio .CO se dedicaba exclusivamente a la administración y promoción del dominio .CO. Con la venta del concesionario, el dominio de Colombia terminó siendo un activo dentro de un portafolio de muchísimas extensiones (BIZ, .AU, .US . TEL, .TRAVEL, etc.) administradas por el concesionario que hoy demanda al Estado. Esto causó una dilución de la gestión general que hoy se manifiesta en una desaceleración general en la promoción y en la gestión del dominio.
3. Las condiciones del contrato actual le representan al Mintic el 7% de los ingresos de la concesión mientras que la empresa de Estados Unidos se lleva el 93% de la tajada. Financieramente el modelo es insostenible y el Ministerio tiene que buscar la manera de obtener un contrato que haga justicia a la realidad económica del activo.
El Ministerio ha sido enfático en que permitirá que Neustar (el actual administrador) se presente en la nueva licitación. Aún así, desafortunadamente la empresa estadounidense se mantiene empeñada en torpedear el proceso que adelanta el MinTIC.
El precedente de un contratista demandando al Estado y logrando exigirle según lo expuesto anteriormente sería gravísimo para el país. En este orden de ideas cualquier empresa podría postergarse eternamente como contratista del Estado mediante demandas y acciones jurídicas. También podrían los contratistas estatales fallar en su desempeño y evitar cualquier acción por parte del Estado a través de demandas, etc.
Ante lo anterior, es imperativo que se siga adelante con el proceso de la licitación. Además resulta necesario aprender de las lecciones del pasado. La administración del dominio .CO debe mantener su carácter soberano, su componente y obligaciones locales, y debe estar a cargo de un equipo comprometido bajo un esquema que garantice su buena y dedicada gestión a lo largo del tiempo. Dar pie a la demanda contra el Estado sería un precedente funesto.
