La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llamó hoy a los venezolanos a cumplir con el deber de restablecer pacíficamente la constitucionalidad del país “amenazada”, a su juicio, por las instituciones al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, antiguo aliado de la funcionaria.
La titular del Ministerio Público citó el artículo 333 de la Constitución venezolana que “contempla que los ciudadanos y ciudadanas investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar” con el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Carta Magna.
En el llamado hecho a través de un mensaje de vídeo difundido en sus redes sociales, Ortega dice: “Llamo (…) a quienes queremos calidad de vida, a quienes queremos que las familias vuelvan a unirse, y a quienes quieren que sus hijos vuelvan al país con oportunidades, a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”.
A su juicio, en estos momentos “la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados”, por ello reiteró que su compromiso como fiscal general tiene “la firme decisión de defender la Constitución” y “velar por su fiel cumplimiento”.
“Mi rol de fiscal general demanda y exige asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo”, señaló al tiempo que aseguró que el Ministerio Público “no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos”.
Para la fiscal “lo que está en juego es la libertad y el futuro” por lo que aseguró que no descansará hasta que se “recobre el camino de las libertades”.
“Rendirnos no es una opción, no perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas, sumemos voluntades con el convencimiento de que el momento de defender esta tierra de gracia es ahora”, concluyó.
El pedido de Ortega endurece aún más la posición de la funcionaria en contra de las acciones del Gobierno venezolano para formalizar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un eventual texto que reemplace la Constitución vigente.
Estas acciones de la fiscal general han impulsado la reacción del oficialismo a partir del momento en que la funcionaria dejó en evidencia su distanciamiento del sector del chavismo que gobierna el país.
El martes la fiscal acudirá a una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia para determinar si hay motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo como ha pedido el oficialismo.
Se ha ordenado además la congelación de sus bienes y la prohibición de salida del país, y por su parte la Contraloría General -órgano de control de cuentas públicas- inició un procedimiento inédito en el país para auditar las operaciones financieras del Ministerio Público y sus instituciones, informa Efe.
Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 85 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.
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