El Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela presume que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) incurrió en el “delito de desaparición forzada” del magistrado Ángel Zerpa, nombrado como tal el viernes por el Parlamento, en un intento de la Cámara por sustituir a jueces “ilegítimos” del Supremo.
La Fiscalía indicó hoy en un comunicado que interpuso ante un circuito judicial penal de Caracas “una acción de amparo o hábeas corpus para la restitución de la libertad del abogado Ángel Zerpa, quien fue detenido por el Sebin en la tarde del sábado 22 de julio en la urbanización Los Cortijos del municipio Sucre del estado Miranda”.
El organismo señala que con esta aprehensión “ilegítima” se viola un artículo de la Constitución que establece la libertad personal como un derecho inviolable, “por lo que nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial o en flagrancia”.
“Adicionalmente, se señala que se incurrió en la violación del derecho a la integridad física” y se pidió al Sebin que “informe sobre la ubicación de Zerpa debido a que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero, por lo que se presume que se está ante el delito de desaparición forzada”.
La Fiscalía informó antes que el subdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público se trasladó ayer a la sede del Sebin para constatar el estado de Zerpa, pero le negaron el ingreso.
El Parlamento, de mayoría opositora, aprobó el viernes las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Los jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento chavista en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.
Con su intento de sustituir a estos magistrados, la oposición busca iniciar el restablecimiento de “la constitucionalidad” en el país, comprometida, según los detractores del Gobierno, por varias sentencias del Supremo que castigaban al Parlamento y lo dejaron en “en desacato”, según el tribunal.
Justo después de la elección por el Parlamento de los 33 jueces paralelos, los magistrados en ejercicio del Supremo emitieron un pronunciamiento en el que advertían a los recién nombrados de que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró hoy que los jueces nombrados por la Cámara son “usurpadores”.
“Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, afirmó Maduro durante su programa semanal en la televisión pública.
