El Gobierno francés explicó que su objetivo es lograr un equilibrio financiero para 2030 y para que esto suceda es necesario retrasar la edad de jubilación.
El Gobierno francés está dispuesto a aceptar algunos ajustes en su proyecto de reforma de las pensiones, a condición de que se pueda mantener el objetivo del equilibrio financiero en 2030, pero no cederá en retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, porque es la condición del equilibrio.
“Nuestro objetivo es volver al equilibrio desde 2030”, subrayó este lunes el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se adoptó el proyecto.
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A la cuestión de si, como lo ha dado a entender el presidente Emmanuel Macron, el texto puede ser modificado en el trámite parlamentario que empezará la semana próxima en comisión y, sobre todo desde el 6 de febrero en el plenario de la Asamblea Nacional, Dussopt insistió en que ya se han integrado “muchas demandas”.
En particular, hizo mención a que el aumento de la pensión mínima para todos los que hayan cubierto el periodo de cotización completa al 85 % del salario mínimo (unos 1.200 euros mensuales) se aplicará no sólo para los futuros pensionistas, sino también para los actuales.
Pero al ser preguntado sobre si esas modificaciones podrían afectar también al retraso de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, respondió que eso es “lo que permite el equilibrio financiero” y que “renunciar a ese punto significaría renunciar al equilibrio”.
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El Gobierno se apoya para justificar su reforma en las estimaciones del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo público independiente, que prevé que sin cambios el régimen actual va a entrar en números rojos, que serán de entre 10.000 y 15.000 millones de euros anuales para 2030, equivalente al 3 % del gasto en pensiones.
Todos los sindicatos se oponen frontalmente al retraso de la edad de jubilación y, después de organizar una jornada unitaria de huelgas y manifestaciones masivas que sacaron a entre uno y dos millones de personas a la calle el pasado día 19, han convocado otra para el 31 de enero.
