Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al representante legal de Agroamco, Alexánder Suárez Gamboa, y al funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga que fungió como supervisor del contrato investigado, Fredy Edgar Raguá Casas, por las posibles irregularidades detectadas en un trámite contractual celebrado entre ambas entidades.
El objeto del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2011, por un valor de $1.200 millones, era el de brindar atención integral a la población afectada por la ola invernal en ese año, sin embargo, el ente acusador halló inconsistencias en el desarrollo del mismo.
Por esta situación, la Fiscalía le imputó cargos al contratista por los delitos de peculado por apropiación agravado en cuantía de $132’908.000 en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Por su parte, el supervisor deberá responder por el delito de peculado culposo.
