La Fiscalía Seccional de Cauca, en cumplimiento del plan “Bolsillos de Cristal”, de cero tolerancia con la corrupción, imputó cargos en contra de María del Socorro Fernández Chávez, fiscal seccional; y contra Isabel Rengifo, fiscal local, ambas funcionarias de El Tambo, Cauca, como presuntas coautoras responsables de los delitos prevaricato por acción agravada y fraude procesal.
Los hechos por los que las dos funcionarias son investigadas están relacionadas con el montaje de hacer pasar como guerrillero del frente oriental de las Farc a Segundo Alberto Villota Segura, un señalado narcotraficante pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, quien, presuntamente, era el enlace en Colombia con los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa, del Chapo Guzmán.
De acuerdo con las evidencias y el material probatorio recaudado, la fiscal Seccional María del Socorro Fernández Chávez, formuló imputación de cargos por el delito de rebelión en contra de Villota Segura, sin soporto probatorio; y la Fiscal local Isabel Rengifo presentó ante un juez escrito de acusación contra del hombre para que pudiera conseguir beneficios de la desmovilización.
En la imputación, la fiscal Fernández Chávez avaló la falsa pertenencia de Villota Segura como integrante del bloque Oriental de las Farc, para evitar su extradición solicitada por una Corte Federal del Distrito este de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
El pasado 31 de enero de 2017, un juez Penal Municipal de Popayán dictó medida de aseguramiento y envió a la cárcel al patrullero de la Policía, Manuel Antonio Riascos Moreno, quien puso en marcha un plan para hacer pasar a Segundo Alberto Villota Segura como supuesto guerrillero.
De acuerdo con las evidencias recaudadas, el uniformado habría elaborado un dossier por rebelión para que Villota Segura apareciera en los registros judiciales de la Policía Nacional, como supuesto integrante del Bloque Oriental.
La Fiscalía imputó cargos en contra del patrullero como presunto autor responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado. El uniformado aceptó los cargos y solicitó principio de oportunidad para colaborar con la justicia.
Dentro de la investigación también se encuentra vinculado otro patrullero de la Policía, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado.
También está detenido un ex integrante de la Policía Nacional, identificado como Fabián Andrés Narváez, sindicado de ser el autor intelectual del plan de suplantación, a quien el ente investigador imputó los cargos de fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público.
Durante las audiencias concentradas, el hombre aceptó los cargos y un juez Penal Municipal de Popayán lo sentenció a pagar cuatro años de prisión.
