El Ministerio Público pidió que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de “corrupción pasiva calificada”, según hoy informaron fuentes judiciales.
La petición consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad, pero aparece registrado en nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.
El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.
Lula, uno de los líderes más populares del país y quien gobernó entre 2003 y 2011, responde en tribunales en otras cuatro causas penales y la Fiscalía ha presentado una sexta denuncia en su contra por otros asuntos, en su mayoría relacionados con la trama corrupta en la petrolera.
El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios del mes próximo.
Lula ha negado a rajatabla que sea el propietario del inmueble y se ha dicho víctima de una “persecución judicial”, la cual sostiene que tiene como objetivo impedir que vuelva a postular a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existen “pruebas robustas” en su contra y ha pedido que, junto con Lula, sean condenados a prisión el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco exdirectivos de esa empresa.
De acuerdo a la acusación, el inmueble le habría sido entregado a Lula y su familia a cambio de maniobras que el expresidente hiciera desde el poder para que le fueran adjudicados a OAS unos millonarios contratos de obras con Petrobras.
