Los 3.800 habitantes de Morelia, un municipio del sur de Colombia, quieren dejar atrás la época oscura en la que los grupos paramilitares eran los amos del pueblo y decidían, en medio de fiestas que acompañaban de whisky y cocaína, quién podía seguir vivo.
Cuentan los pobladores que les “salió caro” que un día cualquiera, a finales de la década de los 90, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaran con la intención de quedarse en esta localidad, distante 20 minutos por tierra de Florencia, la capital del selvático departamento de Caquetá.
Poco a poco implantaron su régimen del terror y se convirtieron en la “autoridad” que determinaba incluso a qué hora se encendían las luces en las casas y cuándo se debían apagar.
El “convivir” con los “paracos”, como llama todavía la gente a los miembros de ese grupo armado ilegal que se desmovilizó en 2006, pero cuyas cicatrices sociales aún son evidentes, marcó la suerte de muchos porque en 2003 las FARC llegó para vengarse.
Nadie recuerda con exactitud la fecha. Solo saben que la pesadilla comenzó a las siete de la noche.
“Entraron y colocaron bombas en 14 casas. Las destruyeron por completo. Ni la Alcaldía ni la Policía resultaron afectadas. El ataque era directo contra la población civil porque querían castigar a quienes supuestamente eran colaboradores de las AUC”, relató a Efe el líder comunal Onías Arias.
Fue una noche eterna en la que el miedo y la zozobra se apoderaron de todos.
La respuesta estatal no se hizo esperar. Aviones Súper Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana hicieron retumbar el cielo.
“Llegó la ayuda”, pensaron los morelianos, pero no fue así. Nada pudieron hacer desde el aire porque la guerrilla estaba mimetizada en las calles.
“El que viva aquí salga porque vamos a tumbar la casa”, gritaban los insurgentes. Y así fue, las tumbaron todas, y con esas edificaciones también se fue al suelo la esperanza de la comunidad.
Morelia era entonces el único municipio certificado en el sur de Colombia por la Policía Nacional y la Organización de las Naciones Unidas como libre de plantaciones de coca.
Sin embargo, conseguir ese “extraordinario y difícil logro” en una nación en donde, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) los cultivos ilícitos aumentaron en 2016 un 52 % al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas, no trajo beneficios en ese momento.
Paradójicamente, las ayudas del Gobierno Nacional fueron esquivas por estar enfocadas en aquellos lugares en donde sí había siembras ilegales y eso hizo que la tierra acostumbrada a ver brotar de ella caucho, cacao, plátano y piña fuera castigada.
“La gente empezó a sembrar coca porque quedó en el ambiente el mensaje de que ser legal no pagaba bien”, explicó Arias.
Por eso hoy, cuando se esperaba que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitara Morelia para presentar el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a través del cual se pondrá en marcha la Reforma Rural Integral pactada en el acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en noviembre de 2016 y que cobijará a 170 municipios, la esperanza parece renacer.
La iniciativa, cuyo acto oficial se aplazó porque el mal tiempo impidió que Santos viajara, busca transformar en los próximos 10 años los territorios afectados por el conflicto armado de más de medio siglo que desangró al país.
Esta, manifestó el jefe de Estado en un mensaje que envió a los asistentes al evento organizado en el coliseo de Morelia, es “la consolidación de la paz”.
Por ello, dijo el campesino, “para mí que viví el conflicto, la paz que se firmó hizo que la situación cambiara en un 100 % porque ahora podemos respirar sin pedirle permiso a nadie y por primera vez los habitantes de Caquetá estamos conociendo Caquetá”.
Antes, agregó, “nadie salía, nadie viajaba, nadie se iba de turismo porque la guerrilla lo secuestraba o los paramilitares lo desaparecían”, recordó.
El llamado que harán los morelianos al mandatario cuando los visite se mantiene: “Siga adelante con el acuerdo de paz porque si logra que se callen aunque sea 1.000 fusiles ya es ganancia”, reflexionó el líder, informa Efe.
Sin embargo, “es necesario que el presidente luche para que ese trato no signifique cumplirle solamente a la guerrilla sino cumplirle al colombiano pobre, aquel que vive en el campo, y que por muchos años luchó solo, en medio de fuegos cruzados, para poder vivir”, añadió.
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