La Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires pidió a un juez que resuelva, “sin más demoras” si corresponde citar a declarar como investigada a la expresidenta de argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), entre otros, por delitos de lavado de dinero.
Según informaron fuentes jurídicas, la Sala II del alto tribunal se refirió a la investigación dirigida por el magistrado Sebastián Casanello, que mantiene detenido, desde hace un año y medio, al empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, su esposa.
En abril de 2016 el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar también a Fernández en el marco del mismo expediente, pero, hasta el momento, el juez no se ha avanzado en esa línea.
La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos de 20 imputados, entre ellos el del constructor y de sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, y del empresario Leonardo Fariña y el financiero Federico Elaskar por el delito de lavado de activos.
La resolución judicial asegura que se probó que montaron una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos 60 millones de dólares, y que lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de 2.734 millones de pesos, equivalentes a unos 186 millones de dólares.
Casanello investiga supuestas maniobras de Báez y su entorno a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.
Como consecuencia de los procesamientos ratificados este miércoles, se confirmó también la ampliación de la prisión preventiva de Báez, el contable Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.
En mayo pasado, la misma Cámara resolvió un recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que cuestionaba la validez de una resolución de Casanello que no hizo lugar al pedido de citar a declarar como investigados a Fernández y al ministro de Planificación Federal (obras públicas) Julio De Vido (2003-2007), arrestado hoy en el marco de otras investigaciones.
El magistrado había rechazado llamar a comparecer a estos porque el pedido “no describía conductas ni pruebas” y también porque el delito de “asociación ilícita” ya está siendo investigado en otra causa, en la que sí está procesada Fernández, por el juez Julián Ercolini.
La sala II ordenó hoy que sea el juzgado de Casanello el que concluya la instrucción y que envíe el caso a juicio, etapa donde podrán unirse las distintas investigaciones conexas que vinculan los hechos de corrupción con los de lavado.
No obstante, le indicó al juez que resuelva, “sin más demoras”, si corresponde hacer lugar o no al pedido de la Fiscalía y de las querellas -la UIF y la Oficina Anticorrupción- para que se convoque a Fernández y a otros a declarar por lavado.
El tribunal ya había afirmado que es “altamente improbable” que esas ganancias ilícitas que Casanello investiga en la causa -conocida como Ruta del dinero K (Kirchner)- pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez.
El caso que mantiene a Báez en prisión se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires, informa Efe.
Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama.
