El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, pidió hoy medidas de protección para niños y adolescentes en las zonas de reunión de guerrilleros en vías de desmovilizarse, tras la denuncia de que un integrante de las FARC está acusado de intentar violar a dos menores de edad en una de esas áreas.
Carrillo advirtió sobre la necesidad urgente de que en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) se tomen medidas especiales para proteger a los menores de edad que acompañen a sus padres y familiares, para evitar que ese tipo de acciones se repita.
El procurador se refirió en un comunicado al informe divulgado ayer por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), el cual señala que en la noche del 9 de mayo “se produjo un intento de violación de dos menores de edad de 3 y 9 años respectivamente por parte de un miembro de las FARC de ese campamento”.
El hecho se registró en la ZVTN de Vidrí, municipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia (noroeste), y llevó a que la Fiscalía ordenara la detención del sujeto, que desertó de la zona.
Carrillo solicitó, además, que el actor de estos hechos se entregue de forma inmediata, o sea capturado por las autoridades, para que la justicia ordinaria investigue y sancione y así evitar que pueda repetir cualquier conducta que desconozca los derechos de los niños y niñas que se encuentran en la ZVTN.
“Es importante que estas zonas se conviertan en un ejemplo de respeto por los derechos de nuestra infancia, pero especialmente, que se tomen claras medidas para evitar el desconocimiento de su dignidad y de sus derechos fundamentales”, señaló el procurador citado en el comunicado.
Para el jefe del Ministerio Público, es importante reiterar que, como lo establece el acuerdo final de paz y los protocolos, tras la denuncia de cualquier conducta que atente contra los derechos de este grupo de especial protección, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación debe actuar y coordinar de forma inmediata el ingreso de la Policía Nacional, para que los autores de esos hechos sean entregados a las autoridades.
“Es importante resaltar que conductas como la denunciada no son de competencia de la Justicia Especial para la Paz ni pueden ser objeto de amnistía o indulto. Conductas como esta debilitan la confianza de la sociedad en el proceso de implementación de los acuerdos”, agregó el procurador.
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