La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad del Decreto 902 de 2017 que implementa la Reforma Rural Integral, para que el Gobierno tramite ante el Congreso la aprobación de los textos que desarrollen esa parte del acuerdo de paz alcanzado con las Farc.
Según, el Ministerio Público el decreto no cumple con el requisito de estricta necesidad, porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía fast track.
A juicio de la Procuraduría el gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz.
Además, el ente cuestiona que el decreto no incluye la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras.
Así mismo, señala que “por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al gobierno vía decreto”.
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