El Senado aprobó un polémico proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, que fue propuesto por el Gobierno para endurecer las condenas contra quienes reinciden en delitos contra los ciudadanos y que es calificado por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que la ley, que fue aprobada el lunes por la Cámara de Representantes y tras ser conciliada en el Congreso pasará a sanción presidencial, busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.
Lea también:Uribe sigue enviándole pullas a Petro, afirmó que debilitó el sistema de salud en Bogotá
“Asimismo pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”, agregó.
Como ejemplo del alcance que tiene el proyecto, Palacios dijo que la idea es que “cuando una persona esté en su casa o en su habitación y alguien ingrese de manera violenta, se presuma que esa persona al defenderse está actuando en defensa personal” y “el juez tendrá que valorar el test de proporcionalidad correspondiente a la actuación que haya hecho esa persona”.
Le puede interesar:Expresidente Samper se ofrece como mediador en la pelea entre Uribe y Santos
“Aquí lo que estamos estableciendo como un criterio obligatorio para el juez, es que cuando ese delito se haya cometido con un arma de fuego, con un arma blanca o con un arma de letalidad reducida, el juez tenga que dar la medida de aseguramiento intramural (en una cárcel)”, detalló.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), considera que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.
Recomendamos leer: ¿Crisis en el Pacto Histórico? Dura crítica de Francia Márquez a Petro
Es por ello que él, junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.
Las protestas de este año en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por más de cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial y algunos episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.
También se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte. EFE
