El Gobierno de Argentina aseguró que la retirada de aranceles de productos informáticos terminados, que implementó hace un año, provocó la bajada de los precios y una subida del 47 % en las ventas así como la mejora de la tecnología de esos equipos.
En abril de 2017 se eliminó el impuesto del 35 % que se cobraba a los computadores, notebooks y tablets que ingresaban en el país, ya que el propio presidente, Mauricio Macri, consideró entonces que el gravamen provocaba que los argentinos pagaran “precios abusivos” por estos bienes.
Según informó el Ministerio de Producción en un comunicado, a un año de la entrada en vigor de esta medida, los precios en dólares de estos productos cayeron un 24 % y también lo hicieron, en un 16 % de media, los procesadores.
En enero de 2018, las ventas del sector crecieron un 47 % frente al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 45.347 unidades.
Asimismo, ese mes la facturación subió un 72 % respecto a 2017, según los datos oficiales.
La cartera destacó que los equipos adquiridos muestran “una mejora tecnológica”, ya que “la participación de notebooks más potentes alcanzó el 59 % de las ventas en enero”, 14 puntos porcentuales más que en el año anterior.
“Con esta medida favorecimos la creación de un mercado de más y mejores computadoras beneficiando a los consumidores”, afirmó en el comunicado el secretario de Comercio, Miguel Braun.
“La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico para las PyMEs y los emprendedores, que necesitan notebooks y computadoras para trabajar y son quienes generan el 70 % del empleo en la Argentina”, agregó.
Argentina aplicaba este arancel desde enero de 2013, cuando el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) decidió gravar productos tecnológicos con una resolución adoptada por el Mercosur para protegerse de los desequilibrios en el comercio internacional por el impacto de la crisis global, informa Efe.
El anuncio realizado por el Gobierno de Macri el pasado año preocupó fuertemente a la industria tecnológica nacional, que estimó que no podría competir en precios, y a los sindicatos del sector, por la posible destrucción de puestos de trabajo.
