La EPS Sanitas es una de las más grandes del país con casi seis millones de usuarios.
La Superintendencia de Salud intervino por un periodo de un año, a la EPS Sanitas, a la que están asociadas casi seis millones de personas en el país, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.
Sanitas, perteneciente al grupo español Keralty, es la segunda mayor EPS del país.
“La Superintendencia de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año”, anunció el superintendente, Luis Carlos Leal.
Según Leal, esta medida se tomó “basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales” de la Superintendencia.
Servicios garantizados
“Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que la funciones de la EPS van a continuar (…) se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios”, agregó el superintendente.
Esta medida se toma con “el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población”, agregó Leal.
“Es un mensaje de tranquilidad; no se está entrando en un proceso de liquidación, no se está acabando la EPS, es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS”, concluyó el funcionario.
Las EPS son las entidades privadas que se encargan de proveer la salud, ya sean trabajadores contribuyentes o subsidiados, y reciben su financiación a través del Estado y de las contribuciones de los asalariados.
Sanitas, que cuenta con 5,7 millones de afiliados en el país, acumula deudas de 2,3 billones de pesos.
Crisis en el sistema sanitario
En julio del año pasado, tanto Sanitas como otras dos grandes EPS, Sura y Compensar, le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la que alertaban que el sector atravesaba una crisis financiera, denunciando que estaban desfinanciadas y que el Gobierno les adeudaba servicios.
Por contra, el Gobierno en noviembre le pidió a la Contraloría levantar el velo corporativo a Sanitas para hacer una verificación de los indicadores financieros que consideraba que esa compañía está incumpliendo.
“Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada qué comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, señaló el ministro de Salud entonces.
En este sentido, Jaramillo reiteró que desde el Ministerio quieren saber a dónde van a parar las transferencias de estas utilidades y quién se está aprovechando en última instancia.
Con respecto a la deuda que Sanitas demanda al Gobierno, Jaramillo señaló en noviembre que el único pago pendiente es del 2022 y les corresponde 90.000 millones de pesos, para lo que se encontraban haciendo “un crédito público”.
EFE
