La Unidad de Restitución de Tierras (URT) denunció que 40 personas intentaron engañar al Estado al presentarse a reclamar predios de una hacienda del norte del país de la que decían haber sido desplazados en 1996 por paramilitares.
“Encontramos que 40 personas no eran desplazadas por la violencia y que algunas de ellas habían salido de la zona antes y que otras vendieron sus tierras”, dijo hoy a Efe vía telefónica el director de la URT, Ricardo Sabogal.
Los falsos reclamantes pretendían quedarse con algunas hectáreas de tierra de la hacienda Bellacruz, ubicada entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el departamento del Cesar (norte).
La Corte Constitucional ordenó hace más de un año a la Unidad de Restitución de Tierras iniciar la devolución de 2.000 hectáreas de la hacienda Bellacruz a 210 familias campesinas del sur del Cesar, que afirmaron ser desplazadas por la incursión de un grupo de paramilitares al mando de alias “Manaure”.
Sabogal explicó que la entidad puso la situación en conocimiento de la Fiscalía, que se encargará de investigar el caso y determinar “si estas personas infringieron el Código de Policía”.
Las investigaciones de la URT determinaron que “entre estas ‘supuestas víctimas'” está un líder campesino que “habría convencido a varias personas para que declararan, ante instancias legales, que habían salido desplazados a sangre y fuego de Bellacruz, como consecuencia de la incursión paramilitar”.
La información de la URT añade que el líder campesino convocó a los pobladores de varios predios y les propuso iniciar acciones ante el Estado para obtener la ampliación legal de sus tierras.
“Bajo esta expectativa, muchos de los parceleros le entregaron poderes, autorizándolo para adelantar distintas gestiones, y dineros para hacer parte de la asociación que él conformó para este fin”, agrega la información.
Según la investigación, los reclamantes, que actualmente están en libertad, nunca explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz y “jamás han salido de la zona, o sí lo han hecho, ha sido por situaciones ajenas al conflicto armado”, informa Efe.
El Gobierno colombiano lleva a cabo un programa de restitución de tierras, cuya ley está en vigor desde 2012.
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